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Real Consejo de las Ordenes Militares » Antecedentes históricos
Durante muchos siglos, las Ordenes Militares jugaron un papel predominante en los aspectos político, económico y social de nuestra historia. Tras las desamortizaciones y las revoluciones liberales se podría hablar de una desaparición total de las mismas del panorama histórico español; sin embargo, como se verá a lo largo de estas páginas, esto no es totalmente cierto. Las ordenes militares españolas de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa han sobrevivido hasta el día de hoy aunque su papel en la historia de nuestro país ya no ocupe durante este periodo que estamos tratando un lugar central por cuanto la caída del Antiguo Régimen redujo considerablemente su poder político y económico, tardando algo más en caer prestigio social, algo del cual ha retenido hasta nuestros días.
Este artículo tratará de atraer la atención sobre este oscuro y mal estudiado periodo de estas instituciones, el cual sigue estando prácticamente sin investigar en muchos aspectos. La historiografía actual sobre las Ordenes Militares en esta época es relativamente pobre y trata, con pocas excepciones (1), de demostrar que ya no existen, siendo especialmente contundentes en este sentido aquellos autores que escriben desde el mundo de la genealogía. El problema de este punto de vista reside en que al presuponer que dichas instituciones ya no están en actividad ignoran toda la documentación que de esta época poseen en sus archivos, documentación a la que este humilde investigador ha podido tener acceso gracias a la gentileza de la Secretaría del Real Consejo de las Ordenes Militares.
Asimismo este artículo tratará de un modo marginal el devenir de las otras dos Ordenes Militares internacionales presentes en España más activas a día de hoy con el objetivo de comparar los diferentes devenires históricos para facilitar la comprensión del papel desempeñado por la Corona, la Iglesia y el Estado en su evolución.
I.-Historia de las Ordenes Militares españolas durante los siglos XIX yXX
a) El hecho diferencial frente a otras ordenes militares
La característica fundamental que diferencia las Ordenes Militares españolas del resto y les da una impronta especial que definirá completamente su devenir histórico, es el hecho de que a partir de su incorporación a la Corona, las Ordenes Militares, sin dejar de ser instituciones religiosas de Derecho Pontificio, fueron también Instituciones del Estado, reconocidas y reguladas por sucesivas disposiciones de orden civil a lo largo de los siglos hasta prácticamente 1931. Esta vinculación con la Monarquía española las hará sufrir casi los mismos avatares políticos a los que se vio abocada la Corona durante los siglos XIX y XX.
Si bien ya desde época de los Reyes Católicos las Ordenes de Santiago Calatrava y Alcántara estaban incorporadas de diversos modos a la Corona, no será hasta 1523 por bula de S. S. el Papa Adriano VI cuando lo serán definitivamente. Para su administración en se crea el Real Consejo y Tribunal de las Ordenes Militares que entrará de lleno en el sistema de consejos que gobernará la monarquía Hispánica durante la Edad Moderna. La Orden de Montesa no se incorporará hasta 1598, mediante Bula de Pio V, aunque pasará a depender en principio del Consejo de Aragón y sólo se incorporará al Consejo de Ordenes a partir de 1700.
b) Las desamortizaciones y sus consecuencias.
En 1809, José Bonaparte dispone la primera supresión civil de las Ordenes Militares y la confiscación de sus bienes. Las Cortes de Cádiz, si bien suprimen el Consejo de las Ordenes y disponen la venta de las encomiendas vacantes y conventos abandonados de éstas, no cuestionan la existencia misma de las Ordenes. En el trienio liberal de 1820 también se intenta desamortizar y exclaustrar los bienes de la parte clerical de las Ordenes. Sin embargo, estos tres paquetes de medidas no tuvieron apenas efecto alguno. Pero son las distintas medidas tomadas a partir de 1836 las que realmente afectaron de una manera brutal a las Ordenes; en un primer periodo se desamortizaron sus conventos y colegios y más tarde sus encomiendas fueron pasando a la Caja de Desamortización según fallecían los comendadores respectivos. La superficie desamortizada fue de 5.544.988 Has. , más o menos una décima parte de la superficie de España, sin prácticamente compensación alguna.
En 1851, reinando Isabel II, se establece un Concordato Iglesia-Estado con el objetivo de resolver los problemas planteados a la Iglesia por las desamortizaciones. En él, entre otras cosas, Pío IX aceptaba el expolio consumado de bienes eclesiásticos, y se acordaba una compensación económica por parte del Estado a la Iglesia española. Asimismo también se disponía la creación de lo que después fue el Priorato de las Ordenes Militares, que agrupaba en la actual provincia de Ciudad Real los antiguos territorios exentos de las Ordenes, dispersos por toda España desde la Edad Media, sin atención pastoral adecuada o de difícil administración a resultas de las desamortizaciones y exclaustraciones. Sin embargo, no se pudo realizar debido a una serie de dificultades que culminaron con el advenimiento de la primera República.
Las consecuencias de las desamortizaciones fueron desastrosas para las Ordenes. Por un lado se las dejó prácticamente sin bienes y sin medios de subsistencia. Por otro las exclaustraciones acabaron los freyres, la parte conventual masculina de las Ordenes así como con sus sacerdotes y priores, dejando de dar atención espiritual a los caballeros. Así mismo desaparecieron los colegios mayores que los freyres regentaban con su importante actividad cultural. Prueba del colapso que supuso para las órdenes su desaparición es que es a partir de ese momento cuando se escriben los primeros ceremoniales con el objetivo de suplir la desaparición de los freyres, la memoria viva de las ordenes, en cuanto a los cultos propios.
c) La primera disolución civil: La Primera República
La República, por decreto de 9 de Marzo de 1873 y a propuesta del ministro de Estado D. Emilio Castelar, declaró disueltas como instituciones del estado a las Órdenes Militares, si bien recomendaba, tras un largo prólogo de loa a la función de las Ordenes en la historia de España, su transformación en Asociaciones. Posteriormente, en 1874, las restableció mediante nuevo Decreto-Ley, así como también el Tribunal y el Consejo de las mismas, derogando las disposiciones por las que habían sido disueltas. Este último Decreto-Ley, propuesto por el Ministro republicano D. Cristino Martos, va precedido de una largo e importante preámbulo justificativo en el que, a partir de las Bulas Pontificias de Adriano VI ( Cum Intra, 1523) y de San Pío V (Dum Attentius, 1566), anula los decretos citados de disolución.
En el intermedio, la Santa Sede aprovechó dicha disolución civil para suprimir la jurisdicción eclesiástica de los territorios exentos de las Ordenes mediante la Bula Quo Gravius, de fecha 14 de Julio de 1873, sin previa consulta a las mismas, disponiendo pasasen a la ordinaria de los Obispados más cercanos.
d) Un periodo de calma: la Restauración
Pocos meses después de esta regulación de la situación civil de las Ordenes, y con el advenimiento de la restauración de la Corona en la persona de S.M. el Rey D. Alfonso XII, la Santa Sede, a solicitud del mismo, procede a dar cumplimiento al artículo 9.1 del Concordato de 1851, mediante promulgación, por S.S. el Papa Pío IX, de la Bula Ad Apostolicam, por la que queda delimitado geográficamente el Priorato en la actual provincia de Ciudad Real, como territorio nullius diócesis. Esta Bula instituye la Iglesia Prioral y su Cabildo, y establece diversas normas reguladoras, las cuales, junto con otras varias disposiciones del Gobierno, configuraron jurídicamente en esta época el natural funcionamiento de las Ordenes Militares Españolas hasta el año 1931.
La llegada de la Restauración y la aplicación del Concordato supone una época de tranquilidad para las Ordenes. Alfonso XIII honraba frecuentemente con su asistencia los actos que celebran las Ordenes, y en su uniforme siempre llevaba las veneras de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, que como Gran Maestre le correspondía. Las llamaba de hecho “el florón de mi corona”. Los actos de las mismas eran plasmados frecuentemente en las crónicas de sociedad de revistas como Blanco y Negro y la Ilustración Hispano-Americana. Durante su reinado, atendiendo a la petición que le elevan los Caballeros de la Orden de Montesa, autoriza mediante Real Orden de 12 de abril de 1913 el uso de la primitiva cruz negra floreada llevando en su centro la roja plana de San Jorge, en vez de la plana de San Jorge, que había sido el símbolo de la Orden desde 1400.
Tras un complicado proceso que dura desde 1845 hasta 1931 y con documentación tanto incautada de diversos archivos de las Ordenes como la cedida en préstamo por el Real Consejo terminan integrándose en la sección de de Ordenes Militares al Estado, creándose así la sección de Ordenes Militares del Archivo Histórico Nacional, si bien el poco cuidado en las desamortizaciones propiciaron la perdida de parte documentación por deterioro y en manos de particulares y la dispersión de otra parte en archivos locales y regionales (2).
Un tema sobre el cual no existen estudios específicos en esta época es quienes son los destinatarios de hábitos. Manuel Espadas Burgos (3) afirma que desde un punto de vista social los hábitos siguen siendo apetitosos para la alta burguesía que se viene a mezclar con la alta nobleza española. Y efectivamente, por los listados de caballeros podríamos afirmar que las ordenes no pierden prestigio social en los más altos círculos de la aristocracia española y su ingreso sigue siendo complicado, excepto por dispensa real. Sin embargo, a diferencia del Antiguo Régimen, ya no hay grandes políticos en las filas de los Caballeros. Un detalle muy importante a destacar es el hecho de que son las únicas instituciones del estado que ignoran completamente la prohibición de solicitar pruebas de nobleza y limpieza de sangre. Este hecho hace que empiecen a quedar un tanto arrinconadas desde el punto de vista del derecho premial de la Corona. Desde mi punto de vista (y, repito, a falta de estudios específicos) los reyes empezarán a preferir dar órdenes de Carlos III y títulos nobiliarios a esta nueva elite política y económica de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, quedando las Ordenes Militares como culmen del cursus honorum nobiliario para la vieja nobleza y todo aquel que aspire a codearse con ella. Hacia 1931 había cerca de 350 caballeros de las cuatro Ordenes de los cuales casi la mitad ostentaban un título nobiliario. (4)
e) Vuelta a las vicisitudes: La Segunda República
El advenimiento de la Segunda República en España el 14 de abril de 1931 significó una nueva etapa, derivada del nuevo orden político, que alteró profundamente el normal funcionamiento de las Ordenes Militares, y cuyas consecuencias aún perduran. Por Decreto del Gobierno Provisional de la República, de 29 de abril de 1931, quedan suprimidas las Ordenes Militares, declarando también disuelto su Tribunal. Desde este momento hasta la actualidad las Ordenes Militares dejan de ser Instituciones del Estado. Se las expulsa de las oficinas que poseían en los ministerios de Justicia y Guerra e instalan su sede en un local en la calle de la Bola nº 9, junto con la importante biblioteca del Real Consejo.
Ante la protesta formal que hace el Primado de España, Cardenal Segura, por considerar improcedente el mencionado Decreto de disolución, el mismo Gobierno Provisional establece un segundo Decreto, el 5 de agosto de 1931, en el que, entre otros aspectos, se aplica a las Ordenes Militares lo dispuesto para las Maestranzas en el artículo tercero del Decreto anterior, y se las somete a la Ley Común de Asociaciones.Posteriormente se concede fuerza de Ley, con carácter retroactivo desde su fecha de promulgación, a los Decretos del Ministerio de la Guerra citados anteriormente, mediante la ley del 16 de septiembre de 1931, de las Cortes Constituyentes.
Hasta la constitución de dichas asociaciones de derecho común, se facultaba a quienes eran miembros de las Ordenes afectadas para designar una Junta o Comisión provisional, a la que se confería personalidad jurídica para todos los actos de administración que necesitase realizar “en sustitución del suprimido Consejo de las Ordenes”. En este periodo la Santa Sede en ninguna forma altera la situación canónica de las mismas. Con el fin de poder administrar los bienes que poseen (Hospital de Santiago, Biblioteca, etc.) las Ordenes Militares se acogen a la Ley de Asociaciones vigente, y sus estatutos quedan formalizados ante el Ministerio del Interior el 9 de junio de 1932.
Al comienzo de la Guerra Civil su sede es saqueada y la Biblioteca incautada y trasladada a la Biblioteca Nacional. A su vez durante la guerra hay una gran cantidad de bajas entre los caballeros. La tradición oral entre los actuales componentes de las Ordenes nos hablan de cifras próximas a los 100 muertos entre muertes naturales, represión y bajas en el frente, aunque estas cifras están sin confirmar. Uno de los fallecidos durante la represión fue el propio Obispo-Prior de las Ordenes Militares, Monseñor Estenaga, represaliado por el Frente Popular, cuya causa de beatificación está actualmente abierta. Este fue el último Obispo-Prior que fue a la vez caballero, cosa que obligaba el concordato. El hecho de que a partir de ahora nunca más vuelva a sentarse un caballero en la sede de Ciudad Real tendrá Graves consecuencias para las Ordenes durante el periodo siguiente.
f) La difícil relación con el General Franco
Al término de la guerra civil, las cuatro Ordenes Militares y el Real Consejo de Ordenes, a pesar de las grandes bajas de caballeros sufridas en la contienda, reanudan sus actividades, incluyendo cruzamientos de Caballeros que tenían concedida la merced de Hábito por S.M. el Rey D. Alfonso XIII con anterioridad al 14 de abril de 1931. La Biblioteca Nacional devuelve al Real Consejo los libros incautados durante la Guerra Civil, que son depositados en el Convento de las Comendadoras de Santiago en Madrid (5). Durante toda esta etapa, las tres preocupaciones principales del Real Consejo y de los Caballeros de las Ordenes se centran en:
1.-La necesidad sentida de normalización, actualización y renovación de la vida de las mismas, especialmente a raíz de la renovación de la Iglesia tras el Vaticano II.
Durante toda esta época el Real Consejo sigue ejerciendo autoridad en el Priorato y su realidad canónica sigue vigente. El Estado español, por medio del convenio de 1941, en su artículo 7º., prevé la firma de otro para provisión de beneficios no consistioriales sobre los que la Corona gozaba de privilegios. En 1946 las Ordenes vuelven a tener otro refrendo tanto del Estado español como de la Santa Sede, ya que, en el artículo 6.1 del nuevo Convenio de 16 de junio de 1946, se dispone que las prebendas del Priorato nullius de Ciudad Real se conferirán de conformidad con su régimen tradicional establecido en la Bula Ad Apostolicam.
Mas adelante, en el Concordato de 1953 no hay ningún pronunciamiento sobre la existencia de las Ordenes limitándose a declarar la continuidad del Priorato. Durante la vigencia de este Concordato (1953-1976) tuvo lugar la renovación de la Iglesia por el Concilio Vaticano II (1962-1965), reflejada en numerosos documentos conciliares, sinodales, pontificios, etc., hasta la promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico (1983) y otros documentos posteriores. En la misma época, el Obispo Prior de las Ordenes Militares, D. Juan Hervás (1955-1976), último designado por el procedimiento tradicional desde 1875, se esforzó por una actualización de las Ordenes, cuyas bases, en 1969, con el acuerdo del Consejo de las Ordenes, fueron remitidas a la Santa Sede.
2.-El regreso a las instituciones del Estado.
La actitud del general Franco con las ordenes fue bastante ambigua; si bien permitió su funcionamiento, nunca las reconoció como instituciones del Estado. Por otra parte las Ordenes eran invitadas a diversos actos institucionales. Incluso se llegó a crear en 1948 una comisión interministerial llamada “Comisión Asesora para la redacción de un Decreto restableciendo las Ordenes Militares”, presidida por el Obispo de Ciudad Real y Prior de las Ordenes Militares para estudiar el tema. Esta comisión se estuvo reuniendo hasta finales de los años 50. En ella se acordó una propuesta de restablecimiento que nunca se llevó a efecto, probablemente por falta de voluntad política.
3.-La renovación generacional. El descabezamiento de las Ordenes tras la muerte de S. M. el Rey Alfonso XIII no permitía dar nuevos hábitos a caballeros. La otra opción contemplada por los estatutos de las Ordenes para el ingresos de nuevos caballeros sin sanción real pasaba por que fuera el Obispo-Prior con sanción papal el que los diese, siempre que este fuera caballero de una de las Ordenes. El General franco nunca permitió que un caballero se sentase en dicha sede, aunque llegó a tenerlos en las ternas de las que él elegía por su derecho de Presentación de Obispos.
Otro asunto muy importante en esta época es la relación entre el Real Consejo y D. Juan de Borbón. En lectura de las actas de dicho Consejo vemos que éste envía representación a todo acto relacionado con la Familia Real, envía regalos a cada cumpleaños de sus miembros y cuida con una atención exquisita sus relaciones. Si bien a principios de los años 40 demustra cierta timidez, a finales de los 50 ya es claramente filo-monarquico refiriendose a Don Juan en las actas como “Su Majestad D. Juan de Borbón”.
Hacia 1963 la situación de las Ordenes Militares se empezaba a hacer inquietante. Al no haber relevo generacional el número de caballeros declinaba de una manera alarmante. La edad del novicio más joven rondaba los 55 años. En ese año el Consejo se aproxima a Franco con una carta de D. Juan por la cual le cedería sus derechos como Gran Maestre de las Ordenes Militares a cambio de la vuelta a las instituciones del Estado, “por la defensa que éste ha hecho de sus regalías en el último Concordato”. Este posible acuerdo con el Generalísimo podría haber permitido el nombramiento de nuevos caballeros y refleja el grado de desesperación del Consejo. Franco tarda una año en recibirles, y lo hace delante del Ministro de Justicia. Los caballeros salen encantados por las buenas palabras que el Caudillo les ha dirigido, pero lo cierto es que el Generalísimo no hará absolutamente nada al respecto.
La política de Franco con las Ordenes militares parece contradecir su política general de apropiación de atributos de la corona como Jefe de Estado (concesión de títulos nobiliarios, presentación de Obispos, etc…). Pudiera tener una explicación en el contexto de sus relaciones con D. Juan, por un lado, o bien pudieran responder a otros motivos de índole más personal. Según informaciones de los propios caballeros en el año 1940 o 1941 el Real Consejo decidió conceder el hábito de caballero de Santiago a Franco y al General Aranda y así se le comunicó y este aceptó. Sin embargo llegó un veto, probablemente de Alfonso XIII, por lo que nada de esto se pudo llevar a cabo (6). El caso es que Franco claramente intentó terminar con las Ordenes Militares dejándolas languidecer.
g) La Instauración
El Concordato de 1953 es sustituido progresivamente por una serie de Acuerdos parciales, a partir de 1976. Al iniciarse este proceso de sustitución, la situación de las Ordenes Militares era considerada preocupante por el Consejo de las mismas, entre otras causas, por el ya alarmante escaso número de Caballeros, dado que desde 1931 se había detenido la admisión de nuevos expedientes de pretendientes de ingreso, por no existir Gran Maestre, única persona capacitada para la concesión de hábitos, (muerto Monseñor Estenaga) impidiéndose, por tanto, la renovación natural de sus miembros.
El conocimiento de los mencionados Acuerdos, especialmente el de 1979 sobre asuntos jurídicos, en el que quedaba derogado el respaldo concordado en 1953 al Priorato de las Ordenes Militares, unido al mencionado temor de extinción, indujeron en 1979 a los escasos Caballeros a acordar acogerse de nuevo a la Ley de Asociaciones vigente de 1964.
Como consecuencia del mencionado Acuerdo Iglesia-Estado de 1979 sobre asuntos jurídicos, el Priorato de las Ordenes Militares, mediante las Letras Apostólicas Constat Militarium , es elevado a Obispado de Ciudad Real en 1980 por S.S. Juan Pablo II, siendo Diócesis sufragánea del Arzobispado de Toledo, y cuyo Prelado conserva por razones históricas el título de Prior de las Ordenes Militares, cesando todo tipo de influencia del Real Consejo.
Con la llegada de la Monarquía, las circunstancias cambian muy favorablemente para las Ordenes. Desde el primer momento reciben el apoyo de la Corona. El 1 de Marzo de 1977, SM el Rey Don Juan Carlos I, concede audiencia en el Palacio Real al Real Consejo de las Ordenes, para tener su primer encuentro oficial. En 1981 es designado su padre S.A.R. el Conde de Barcelona Presidente del Real Consejo al mismo tiempo que delega en él las funciones de Gran Maestre. Este preside por primera vez el Real Consejo el 14 de Octubre de 1981, justo en un momento en que las Ordenes que estaban en peligro de extinción; tan sólo quedaban en Santiago un novicio, en Calatrava un profeso y seis novicios, en Alcántara un novicio y en Montesa dos profesos y cuatro novicios.
Gracias al regreso de la monarquía la Ordenes entran en un periodo de normalidad, donde ya se pueden conceder hábitos y realizar cruzamientos de nuevos caballeros. Don Juan asistió prácticamente a todos los cruzamientos y actos de las Ordenes, tanto en Madrid como en el resto de España, y presidió todos los Reales Consejos hasta su muerte. Gracias a su apoyo incondicional las Ordenes Militares españolas han alcanzado un alto grado de normalidad, hasta el punto de tener, a día de hoy, cerca de los 250 caballeros.
En 1993, tras el fallecimiento de Don Juan, S.M. el Rey nombra presidente de Su Real Consejo a S.A.R. Don Carlos de Borbón- Dos Sicilias y Borbón-Parma, Infante de España, y desde ese momento manda poner a disposición del Real Consejo la sala del Príncipe del Palacio Real para sus reuniones, que actualmente se celebra trimestralmente.
1 Una de las más llamativas excepciones, que además se ha molestado en buscar documentación interna del Real Consejo del siglo XX, es MARTINEZ DIEZ, GONZALO. «La Cruz y la Espada» Ed. Plaza y Janés. Barcelona 2002.2 Ver ALVAREZ´-COCA, M.J. “El consejo de las Ordenes y el Archivo Histórico Nacional” en Las Ordenes Militares en las Península Ibérica. Ediciones de la Universidad Castilla-La Mancha,
3 ESPADAS, M. «La disolución de las Ordenes Militares: del plano juridico a la realidad historica» en Actas I Congreso Ordenes Militares.Vol II. Ediciones Universidad Castilla-La mancha. Ciudad Real 1996.
4 Fuente: Estadillo de las Ordenes Militares perteneciante al año 1931. Archivo del Real Consejo de las Ordenes Militares.
5 Aunque no los armarios donde estaban depositados, armarios que todavía pueden contemplarse con las cruces de las Ordenes en la Biblioteca Nacional en el Departemento de Publicaciones Periódicas. 6 MARTINEZ DIEZ, G. «La Cruz y la Espada» Ed. Plaza y Janés. Barcelona 2002, según informaciones de la Orden de Santiago. Sin embargo nada de esto aparece en las actas del Real Consejo. . «Extractado de Sánchiz Alvarez de Toledo, Hipólito: Aportes: Revista de historia contemporánea, ISSN 0213-5868, Año nº 21, Nº 62, 2006 , pags. 143-161″. ,»con permiso del autor»
